Apelaciones no resuelve nulidad de sobreseimiento de supuesto homicida

• En setiembre de 2017, el juez de Coronel Oviedo, Ángel Fiandro, otorgó el sobreseimiento provisional a Osmar Ojeda López, acusado de doble homicidio en San José de los Arroyos.
• Al hombre habría ultimado a los hermanos Pedro y Pascual Cáceres Mendoza, en la madrugada del 15 de mayo de 2013. Apelación lleva cuatro meses sin ser resuelta.

En el día de las madres del 2013, San José de los Arroyos se conmocionaba con el doble asesinato de los hermanos; Pedro y Pascual David Cáceres Mendoza, ultimados en una fiesta bailable en horas de la madrugada, sindicándose como supuestos autores a los hermanos Alejandro y Osmar Ojeda López, éste último en calidad de supuesto autor material.

Ambos hermanos, permanecieron desde entonces en la clandestinidad, a excepción de Osmar, quien logró ser detenido y recluido en la cárcel de Villarrica, a la espera de la audiencia preliminar de elevación a juicio oral o sobreseimiento, es en este ínterin que el hombre terminó siendo beneficiado con una medida judicial, que para familiares de las víctimas resulta muy llamativa.

Según denuncia el querellante adhesivo, en representación de la familia Cáceres Mendoza, abogado Enrique Villagra, en fecha viernes 1 de setiembre de 2017, sin ningún tipo de petición de ninguna de las partes, tampoco la defensa del acusado, mucho menos el Ministerio Público y la querella, el imputado obtuvo su sobreseimiento provisional, por parte del juez de sentencia Ángel Fiandro, quien entonces interinaba el juzgado penal de garantías.

“Esta resolución contraviene totalmente cualquier tipo de normativa penal, Fiandro otorgó el sobreseimiento, sin que nadie lo haya solicitado”, refirió Villagra, al tiempo de recordar que inmediatamente se planteó apelación general, buscando trabar la notificación de libertad estérilmente, pues no habría prosperado y Osmar salió libre en fecha 4 de setiembre de 2017.

Desde el mes de setiembre, la apelación se encuentra sin resolver en el tribunal de apelaciones de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, integrado por los magistrados, Miguel Ángel González, Carlile Gauto y David Escobar, a la espera de que estos resuelvan la admisibilidad de la nulidad, de manera tal a que consecuentemente se dicte nuevamente captura contra Osmar Ojeda López.

Igualmente, el querellante adhesivo, presentó una formal denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo que Villagra cataloga como mal desempeño en sus funciones, por parte del juez Ángel Fiandro.

“Hemos presentado la denuncia ante la Superintendencia, aguardando que éste órgano contralor de las actuaciones procesales de los jueces, asuma las medidas sancionatorias o correctivas del caso, nos reservamos igualmente el derecho de recurrir ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, contra el juez Fiandro”, aseguró Villagra.

Por otro lado, la dilación excesiva de la resolución del recurso de apelación planteado se debería a la recusación promovida por la defensa de Osmar Ojeda López, que es asumida por el profesional Juan Ramírez Köhn, recusación que motivó el alejamiento del magistrado David Escobar, por lo que se aguarda el reintegro del tribunal, para resolver el incidente.

Antecedentes del caso
El hecho se registró en la madrugada del 15 de mayo de 2013, cuando los hermanos Cáceres Mendoza fueron aparentemente ultimados, tras una discusión, por los hermanos Ojeda López, el supuesto autor material fue Osmar, instigado por su hermano Alejandro, quien, según testigos, proveyó el arma calibre 38 al ahora sobreseído.

La causa se encuentra en la etapa intermedia, previa a la elevación a juicio oral y público, se aguardaba la fijación de fecha de sustanciación de la audiencia deliberativa por parte del juzgado penal de garantías, según informó el querellante adhesivo, abogado Enrique Villagra, incluso ya habiendo la agente fiscal Gladys Torales, presentado formal acusación contra el único procesado, la causa estuvo muy paralizada durante tres años, retomándose en 2016 un proceso mucho más diligente.

Familiares de las víctimas fatales, habían denunciado en varias ocasiones las supuestas irregularidades que arrastró el caso en sus inicios, cuando el ex asistente fiscal Edward Cabrera, entonces miembro de la unidad penal investigadora, supuestamente dio activa participación a su esposa Lilian Rossana Prieto, como defensora de los imputados, teniendo causal de inhibición, ésto aparentemente congeló por años la causa.